A pesar que la Constitución establece que el presupuesto del Estado para el sector salud debe equivaler a no menos del 4% del PIB, este rubro no sobrepasa del 2,8% para el año 2020, según señala la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Alames, capítulo Ecuador.
En un análisis enviado al presidente y vicepresidente electos. Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, la Alames destaca que el impacto de la crisis sanitaria ha vuelto a colocar sobre la palestra la importancia de contar con sistemas estatales, públicos y comunitarios sólidos. Durante la pandemia, los servicios privados de atención médica mantienen un esquema de costos que los vuelve inaccesibles para la mayoría de la población ecuatoriana.
La Constitución establece que el presupuesto del Estado para el sector salud debe equivaler a no menos del 4% del PIB, a pesar de ello, este rubro no sobrepasa del 2,8% para el año 2020, resalta en el documento de siete páginas.
“Esta cifra representa el promedio aproximado de los últimos años, pese a la enorme disponibilidad de recursos durante la segunda bonanza petrolera (2002-2014). El gasto público total se aproxima al 4,5% del PIB, distante aún del 6% recomendado por la OMS. Estas limitaciones financieras explican, en parte, el fracaso del Sistema Nacional de Salud para enfrentar la pandemia del COVID-19”, puntualiza.
“La posibilidad de situaciones similares a futuro no puede descartarse, y el costo en vidas humanas producto de la incapacidad e inoperancia del sistema de salud es inaceptable. El fortalecimiento de sistemas de salud basados en la solidaridad y la universalidad es la única opción para asegurar a la población condiciones sanitarias”.
La Alames asegura que “jamás se cumplió con la disposición transitoria vigesimosegunda de la Constitución de 2008, según la cual el presupuesto destinado a la salud debía incrementarse cada año en un porcentaje no inferior al 0,5% del PIB hasta alcanzar el 4%”
Considera también que el incremento del presupuesto del Estado no resuelve por sí solo el problema, porque la optimización de un financiamiento estatal depende de la calidad del gasto. En ese sentido, es fundamental la aplicación de un modelo que priorice la atención primaria, la salud intercultural y la organización comunitaria y barrial alrededor de una agenda de salud colectiva.
“Un mayor gasto público debe establecer prioridades, de acuerdo con el perfil epidemiológico de los distintos territorios y regiones del país y con las necesidades concretas de la población. El presupuesto mejor invertido es el que previene las enfermedades”, resalta en el documento.
