Mediante un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo, DPE, señaló su preocupación, como organismo encargado de proteger los derechos humanos, por la falta de disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales públicos, a escala nacional, “lo que genera que cada vez sea más extensa la lista de espera, dificultando que se garantice el derecho a la salud de las personas, de forma oportuna y como deber primordial del Estado, tal como lo dispone la Constitución de la República”
Señaló que “es necesario que el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Salud Pública, establezca mecanismos apropiados para atender esta situación que desborda las capacidades de los hospitales públicos, garantizando el acceso gratuito a la salud con la colaboración de las y los actores privados.
Con estos argumentos reitera la recomendación realizada con antelación “para que los hospitales y clínicas privadas, a escala nacional, sean de uso y servicio público mediante una declaratoria del Gobierno Nacional”.
La DPE también señala se su preocupación por el alto y diverso costo de las pruebas para la detección de la Covid-19, frente a lo cual, es pertinente que el COE Nacional haya resuelto que el Ministerio de Salud Pública revise y regule los techos de los precios para estas pruebas, de forma que estén al alcance para todas las personas. “Esta acción es de vital importancia, puesto que mientras no exista esta regulación, es difícil que se realicen las pruebas necesarias que permitan recabar datos reales del contagio en el país”, se indicó.
La Defensoría del Pueblo, mediante un manifiesto público, ya hizo conocer su preocupación” por la forma como se viene manejando la pandemia por parte del Gobierno Nacional, especialmente el haber derivado la toma de decisiones de competencia nacional, a los COEs cantonales, hecho que ha generado dispersión en relación con las medidas para enfrentar los contagios de covid-19”.
De la misma forma, “se ha alertado por varios sectores como el gremio médico, que la demanda de hospitalización y terapia intensiva a nivel país está cerca del 135%, situación incontrolable para un sistema de salud que no ha sido fortalecido durante la pandemia”, señaló oportunamente el comunicado.
Frente a esta situación provocada por la pandemia, la Defensoría del Pueblo recomienda:
Que se realicen las acciones pertinentes para declarar, temporalmente, a los hospitales y clínicas privadas, a escala nacional, de uso y servicio público, una vez realizado un estudio que los valore como lugares indispensables para atender la emergencia sanitaria a causa de la pandemia provocada por la Covid-19, debido a que el sistema de salud pública, en términos de recursos e infraestructura, ha desbordado sus capacidades para atender la emergencia sanitaria.
Que el Ministerio de Salud Pública cumpla la resolución del COE Nacional del 14 de abril de 2021, en la que en su numeral 8 dispuso que “[…] revise y regule los techos de los precios de las pruebas diagnósticas para Covid-19 en laboratorios privados a nivel nacional”. También, se exhorta al Ministerio de Salud para que revise y regule los techos de los precios de los medicamentos y tratamientos para las personas pacientes con Covid-19 en las clínicas y hospitales privados, de forma que se garantice el acceso a la salud. Estos techos de precios de las pruebas deben ser públicos y estar a disposición para el conocimiento de la población en general.
Que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud Pública, disponga de una política pública a largo plazo para fortalecer las capacidades de los hospitales públicos para la atención de la salud de la población en general.
