Ecuador es un país pionero en la aplicación de medidas para el control del tabaco y para seguir siéndolo no debe permitir que la industria tabacalera interfiera en el diseño y definición de políticas públicas, entre ellas las destinadas a combatir el contrabando y el comercio ilícito, afirmó la jefa del Secretariado del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), la médico uruguaya Adriana Blanco Marquizo.
Blanco participó, por videoconferencia, en la sesión que el miércoles 1° de julio realizó la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde se analizan las iniciativas legales para la prevención y combate del contrabando y defraudación aduanera de mercancías.
«La industria tabacalera pese a ser legal, no es igual que otras industrias legales, primero porque su producto mata a la mitad de quienes lo consumen; y porque su historia conocida a través de documentos secretos divulgados en juicios realizados en Estados Unidos, demuestran que ha operado con intención de engaño y de defraudar a los países y a los consumidores. En situaciones catastróficas como las que vivimos hoy (pandemia), la industria busca acercarse a los países bajo lo que pretende llamar medidas de responsabilidad social corporativas, que no son más que formas de publicidad o de marketing que realizan para después traer condicionamientos cuando se implementan medidas de control de tabaco», explicó.
En Ecuador, la industria tabacalera, además de señalar a los impuestos como un factor que propicia el contrabando, está buscando obtener compensaciones tributarias por las supuestas pérdidas que el comercio ilícito le provoca; intenciones que han sido planteadas durante la discusión del proyecto de ley.
«El comercio ilícito ocurre en países con impuestos al tabaco altos, medios o bajos. El contrabando no es una función del precio de los productos, sino de otros elementos como la estructura que cada país tiene para hacer frente al comercio ilícito, la capacidad de las aduanas y de elementos de transparencia», comentó.
«Como Organización Mundial de la Salud (OMS) nos interesa el comercio ilícito porque tiene un impacto en la salud pública: afecta la implementación del CMCT porque específicamente, la medida individual más importante para reducir el consumo de tabaco es el aumento de los impuestos, porque es efectivo sobre todo en los sectores más pobres y en los más jóvenes», agregó.
Blanco explicó que, para enfrentar el comercio ilícito de productos de tabaco, los países miembros del CMCT acordaron un protocolo vigente desde 2018, el cual Ecuador también ratificó, que establece herramientas, pasos y medidas a seguir, incluido relacionamiento global para cortar las cadenas de suministro del contrabando.
«La columna vertebral del Protocolo es el control de la cadena de suministro. Para ello se exige que los países tengan un régimen de seguimiento y localización para establecer un punto global de intercambio de información. Además, contar con figuras penales, sanciones y técnicas de investigación, porque el comercio ilícito debe ser solucionado a nivel regional y mundial, no solo a nivel de cada país», explicó.
Adriana Blanco elogió a Ecuador tanto por ser pionero en la ratificación del CMCT y del Protocolo, por la Ley Orgánica de Tabaco y porque tiene un impuesto de alrededor del 70 por ciento del precio de venta final, que, si bien no es aún el deseable, sí ha ayudado a disminuir la asequibilidad. «Y además ustedes ya cuentan con un sistema de localización y seguimiento, el SIMAR, que se utiliza no solamente para el tabaco sino también para bebidas alcohólicas, y que ha sido de mucho interés en la región», elogió.
Actualmente, en Latinoamérica también existen sistemas de trazabilidad de tabaco en Brasil, República Dominicana y Chile.
Proteger las políticas públicas
Los gobiernos, dijo Blanco, deben proteger las políticas de control de tabaco de los intereses comerciales de la industria tabacalera, porque son irreconciliables con los de la salud pública, lo cual ha sido reconocido en muchos instrumentos internacionales y en reuniones políticas acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles realizadas por las Naciones Unidas.
«La industria no debe colaborar con el desarrollo y la aplicación de las leyes, porque es un sujeto regulado que no debe compartir con el regulador, el Estado, la forma en que es regulada. Sí puede discutir los elementos prácticos de la regulación, pero el qué de la regulación es materia del gobierno solamente. No es el regulado quien debe opinar porque obviamente hay un conflicto de interés», enfatizó.
Las interacciones con la industria tabacalera deben ser restringidas solo a lo indispensable para aplicar las políticas públicas, a lo estrictamente necesario. Y en cuanto al régimen de seguimiento y localización (sistema de trazabilidad), ésta no debe ser ejecutada por la propia industria, debe ser independiente como es en Ecuador, agregó.
El SIMAR, a cargo del Servicio de Rentas Internas (SRI) desde el año 2016, es el Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo y Trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos de producción nacional. Este sistema registra más 3.1 mil millones de productos marcados y controlados a nivel nacional hasta el 21 de junio de 2020 (página web SRI).
De esta manera, se evidencia la importancia de la trazabilidad como una vía para reducir el comercio ilegal, ya que permite hacer un registro electrónico de la producción e importación de productos sensibles y permite un control de mercado más efectivo para detectar los productos ilegales, decomisarlos y aplicar las sanciones previstas en la normativa.
La trazabilidad brinda beneficios como:
- Aumentar la recaudación del Estado.
- Proteger la industria legalmente establecida de la competencia desleal que representa el comercio ilícito.
- Combatir la falsificación de productos y así proteger la salud del consumidor.
- Cortar la fuente de financiamiento de organizaciones criminales con impactos positivos en la seguridad pública
- Prevenir la entrada y circulación de productos de contrabando en la cadena de suministro legal.
Permitir la recopilación de datos y la formulación de estrategias y políticas públicas específicas basadas en esa información.
