El lunes 4 de mayo fueron 31.881, el miércoles 6 bajaron a 29.420, el jueves 7 se incrementaron a 30.298 y este 8 de la cifra bajó a 28.818 casos positivos.

Según señaló el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, se están “reclasificando” y “depurando” los casos por número de cédula y no por datos de las pruebas.

Ante la ambigüedad de los datos, la Defensoría del Pueblo instó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional a realizar correctivos para la difusión de la información. Si los cambios solicitados no fueran efectuados en el término de 8 días, la Directora General del COE, Alexandra Ocles podría ser destituida.

“El dictamen se emitió en el marco a las atribuciones otorgadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos en los artículos 11 y 13 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y a lo establecido en el artículo 7 de su Reglamento General, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y precautelar que las instituciones del sector público, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, publiquen y difundan información de calidad, veraz, oportuna y contextualizada”, informó la Defensoría.

“El acceso a la información pública es un derecho que permite el control social de los gobiernos, facilita el respeto del ordenamiento jurídico, ayuda a la disminución de la corrupción y opacidad de la administración pública; y, hace más eficiente la gestión gubernamental, a través de una participación ciudadana activa que vela por el uso más eficiente de los recursos”, enfatizó el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago.

“El estado de excepción no puede constituir una excusa para limitar los derechos y libertades de las y los ciudadanos, por lo que la gestión de la transparencia y el acceso a la información durante la crisis sanitaria que atravesamos, debe ser uno de los criterios más importantes del accionar del Gobierno y el COE nacional”, recalcó el Defensor.