“El Gobierno quiere salir indemne de su irresponsabilidad y negligencia en la protección a los médicos, profesionales y trabajadores de la salud en todo el país” señaló a DiarioSalud el doctor Alberto Narváez Ollalla, médico epidemiólogo y expresidente de la Federación Médica del Ecuador.
El profesional se refirió así a la Resolución del Ministerio de Trabajo, Nro. MDT-2020-023, mediante la cual se resuelve “Determinar que la enfermedad del coronavirus (COVID-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador.”
La resolución 023 fue modificada solo horas después de haber expedido la 022 en la cual solo se señalaba que “la enfermedad del coronavirus (COVID-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia”.
Narváez tras cuestionar duramente al gobierno por no haber atendido oportunamente el clamor de los trabajadores de la salud para que se les provea de los insumos de protección para su trabajo hospitalario, insistió que “hay una responsabilidad del Estado ecuatoriano con todos los médicos y trabajadores que han fallecido” durante la crisis pandémica.
El profesional considera que desde las autoridades gubernamentales se estaba preparando el terreno para deslindarse de esta responsabilidad cuando el ministro de Salud señaló que la mayoría de profesionales de la salud se contagiaron de manera comunitaria.
“La mayoría de médicos y trabajadores de la salud se contagiaron en los centros hospitalarios, atendiendo a los pacientes y cumpliendo con su trabajo profesional” insistió el médico al informar que ya se están tomando acciones legales para que el Estado atienda los reclamos de las familias de los afectados. “Si con esta resolución se está tratando de evitar la responsabilidad legal en el país, las instancias internacionales actuarán en defensa de los profesionales afectados”, resaltó.
